La ONG Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, registró en su más reciente informe el encarcelamiento de ocho cubanos por motivos políticos durante el mes de marzo, con lo cual la cifra de prisioneros de conciencia en la Isla se mantiene en 1.066, de los cuales 250 fueron encarcelados en los últimos 12 meses.
De acuerdo con el informe, entre los nuevos presos políticos registrados en marzo se encuentran activistas y también ciudadanos que intentaban salir del país y han sido acusados penalmente y puestos en prisión provisional sin tutela judicial.
En marzo también salieron de la cárcel ocho prisioneros políticos cubanos, todos luego de haber cumplido sus condenas íntegramente.
Actualmente se encuentran en prisión 33 menores de edad por motivos políticos, de los cuales 29 son del sexo masculino y 4 del sexo femenino. Del total, cuatro esperan por la sentencia judicial mientras el resto ya ha sido condenado, 17 de ellos por el delito de sedición, según los registros de la organización.
Prisoners Defenders también denunció que, con la entrada en prisión de cuatro mujeres en este mes de marzo por cuestiones políticas, llegan a 120 las mujeres prisioneras de conciencia, incluyendo varias trans.
En el caso de las mujeres trans, su situación se agrava porque están encarceladas en prisiones de hombres, algo que sucede también a las mujeres trans condenadas por delitos comunes.
La organización con sede en Madrid señaló también que “si los prisioneros políticos en Cuba son torturados, sus familias también lo son”, pues “todas tienen asignadas agentes de la Seguridad del Estado que les vigilan y amenazan, muchas veces apostados en sus puertas, y siempre controlando sus comunicaciones por teléfono, así como sus redes sociales”.
Además, la ONG denunció que los familiares de prisioneros políticos “son citados constantemente en cuanto realizan cualquier denuncia. Algunas madres incluso son detenidas y llevadas a prisión también”, mientras “el acceso al mercado laboral estatal está vetado para aquellos que defienden con fuerza la inocencia de sus seres queridos, y la Universidad se convierte en un imposible para los menores de muchas de estas familias”.
Entre las principales arbitrariedades en torno al encarcelamiento de cubanos por motivos políticos, de acuerdo con el informe de Prisoners Defenders, se encuentra la ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad, la inexistencia de abogados defensores independientes y la dependencia orgánica absoluta de la jerarquía y los jueces del sistema penal respecto del poder político.
También la ONG dijo que en los procesos penales las acusaciones se sustentan únicamente con “testigos” acusadores funcionarios del partido comunista y son articuladas con el fraudulento uso de pruebas “periciales” permitidas únicamente al Ministerio de Interior.
Otros señalamientos a los juicios son la criminalización sistemática de un abanico de derechos fundamentales, el uso de tipos delictivos del Código Penal que, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización de cualquier conducta que el régimen desee penalizar, y el uso habitual de procedimientos penales militares ilegales contra civiles y/o procesos sumarios altamente violatorios de derechos.