Dos integrantes del movimiento de artistas independientes 27N, han entregado una segunda carta dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), pidiendo la revocación del cargo del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, tras su comportamiento violento el pasado 27 de enero. Ellas son Aminta de Cárdenas y Camila Lóbon, quienes firman su misiva con fecha 11 de marzo.
"No conformes con la respuesta que la Asamblea Nacional diera el pasado 4 de marzo, a la demanda que un grupo de ciudadanos, artistas e intelectuales cubanos presentaron solicitando la revocación de su condición de diputado y miembro del consejo de ministros al actual ministro de cultura Alpidio Alonso, entendiendo que el argumento empleado para desestimarla fue que algunas de las firmas no contaban con los datos legales requeridos, y ya que según la ley vigente es suficiente con los datos de los ciudadanos que la presentan, hoy Aminta de Cárdenas y Camila Lobón hemos vuelto a presentar dicha petición. Registrada con número de acuse de recibo 341", escribió de Cárdenas en una publicación desde su perfil en Facebook.
La respuesta de la ANPP este 4 de marzo había desestimado y archivado "sin otros trámites al respecto" la anterior carta presentada por Carolina Barrero y Solveig Font el 3 de febrero de 2021, por no reunir "los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y el propio texto constitucional", según la directora de Atención a la Población de la ANPP, Madalina Marrero Delgado, firmante de la respuesta.
La carta inicial, que hasta hace unos días iba por más de 750 firmas en una plataforma digital, fue entregada a la institución oficial suscrita por varios artistas, periodistas, intelectuales y miembros de la sociedad civil en una primera instancia de las exigencias burocráticas para solicitar la revocación del cargo a un funcionario público.
"No puede ser servidor público quien se ufane del uso de la violencia para limitar impunemente derechos ciudadanos. El ministro debe asumir en primera persona la responsabilidad sobre la violencia ejercida el 27 de enero a las puertas del Mincult,de lo contrario el estado y el gobierno cubano liderado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y Manuel Marrero Cruz serían cómplices de un acto de violencia institucionalizada y de una ilegalidad", reclamaba la misiva, en alusión al proceder violento de Alonso y su negativa al diálogo con los miembros de la sociedad civil que protestaron pacíficamente el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura.
Sin embargo, la respuesta de la ANPP consideró la misma como "una relación de supuestos firmantes, buena parte de ellos sin la referencia a los datos legales de quienes la suscriben (omisiones de apellidos, falta de números de identificación permanente, no se precisa si son o no residentes permanente en el territorio nacional, etc)".
Semejantes exigencias legales no constan en el texto constitucional ni en ninguno de los decretos aprobados en diciembre por la ANPP, citados por la funcionaria. En una conferencia de prensa trasmitida por Rialta, el abogado Eloy Viera aclaró que "el derecho del ciudadano cubano a peticionar está establecido en la Constitución, que, al no formular cómo sería el procedimiento, el mismo podría ser consumado por una persona cualquiera, inclusive de manera oral".