El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, en Cojímar, condenó el 1 de octubre de 2026 a La creadora de contenido cuban Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente Laffita, a dos años de limitación de libertad por grabar y difundir la actuación de un agente policial del régimen.
La Fiscalía había solicitado dos años de privación de libertad para Anna Bensi y dos años de arresto domiciliario para su madre. Tras el juicio, la medida cautelar de la joven fue modificada a arresto domiciliario. Ambas esperan recibir la sentencia por escrito y podrán recurrir la decisión. Tras conocer el fallo oral, la influencer declaró:
"Realmente esto es una injusticia."
Antes de entrar a la sede judicial, Anna Bensi ofreció declaraciones a medios internacionales, entre ellos la agencia española EFE y la cadena estadounidense NBC. La joven rechazó las acusaciones y defendió su derecho a expresar opiniones políticas mediante las redes sociales.
"No es justo, no es justo, ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono."
Anna Bensi insistió en su rechazo a la criminalización de sus opiniones:
"No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país, no estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país."
Cuando una periodista le preguntó qué solución deseaba para la isla, respondió: "Que Cuba sea libre".
Detenciones y acosos a opositores antes del juicio
La jornada estuvo marcada por operativos de vigilancia contra periodistas independientes, activistas y opositores que pretendían asistir al juicio o acompañar a las acusadas.
La periodista Yoani Sánchez denunció un dispositivo policial para impedirle salir de su vivienda. También se reportaron restricciones contra Camila Acosta y los integrantes del proyecto audiovisual Fuera de la Caja.
Entre los detenidos figura el activista cristiano David Espinosa Martínez, interceptado cuando intentaba dirigirse al tribunal y trasladado a una unidad policial de La Lisa. También se reportó la detención del pastor Rolando Pérez Lora, conocido como Pregonero de Cristo, así como la vigilancia policial contra su colaborador Vladimir Turró.
Según declaraciones de la activista cubana Jenny Pantoja a la prensa independiente, únicamente pudieron entrar al tribunal junto a las acusadas el pastor Arturo Leal, de la congregación de Alamar, y Bárbaro Marrero, presidente de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Otros acompañantes quedaron fuera de la sala.
La acusación judicial contra Anna Bensi y su madre
El proceso se originó el 10 de marzo de 2026, cuando el suboficial del Ministerio del Interior Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió vestido de civil a la vivienda de ambas mujeres, en Alamar, para entregar una citación de la Seguridad del Estado. La visita fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales.
La acusación del régimen se sustenta en el artículo 393 del Código Penal cubano, que recoge el delito de "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos". La causa fue archivada inicialmente y reabierta el 6 de julio de 2026, después de que el agente policial volviera a presentar una querella.
En una publicación de Facebook difundida el 1 de octubre de 2026, la Policía cubana defendió el proceso contra Anna Bensi y su madre. La institución sostuvo que la joven está siendo procesada por quebrantar límites legales y no simplemente por publicar un video.
"Las redes sociales no son un territorio sin ley. La facilidad para publicar no exime de la responsabilidad sobre lo que se difunde."
Según la versión difundida por la Policía del régimen, el proceso no respondió al hecho de grabar al agente, sino a la posterior difusión de su imagen sin consentimiento, con la presunta intención de perjudicarlo. Antes de conocerse el fallo, la entidad represiva también defendió las medidas cautelares impuestas a ambas mujeres previamente, señalando que no equivalen a una condena.
Una jueza vinculada al 11J
La jueza Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, fue designada para conducir el proceso contra Anna Bensi y su madre. La magistrada ha sido señalada por su participación en juicios contra manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021, en procedimientos en los que se solicitaron penas de hasta 30 años de prisión por sedición.
Según las informaciones difundidas sobre el caso, Zamira Marrero Morgado también habría rechazado una solicitud de la defensa para anular el procedimiento judicial contra Anna Bensi y Caridad Silvente.
El respaldo de las iglesias evangélicas cubanas
La Convención Bautista de Cuba Occidental expresó públicamente su respaldo a ambas mujeres mediante una declaración fechada el 29 de septiembre de 2026, postura a la que se sumaron la Convención Bautista de Cuba Oriental y otras denominaciones como la Iglesia Metodista de Cuba y las Asambleas de Dios de Cuba.
La institución religiosa occidental defendió la libertad de conciencia y expresión, reclamó respeto al debido proceso y rechazó la posibilidad de que ambas mujeres fueran condenadas por grabar una citación policial:
"En medio de tanto crimen impune en Cuba, es inadmisible que ellas sean condenadas a prisión."
La organización también pidió a sus congregaciones que acompañaran a las acusadas y afirmó:
"Por un sentido elemental de justicia, no podemos, no queremos y no vamos a dejarlas solas."
Por su parte, el escritor cubano Amir Valle elogió la valentía de Anna Bensi y su madre y llamó a los creyentes y líderes religiosos a respaldarlas ante el juicio:
"Todos deberían hacer una cadena humana de solidaridad que abrace y proteja este primero de octubre a estas dos dignas mujeres."
El intelectual advirtió que "dejarlas solas sería indigno".
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