La institución de acción jurídica Prisioners Defenders presentó este 13 de enero, en rueda de prensa en Madrid, un resumen de los datos penales más significativos de la Cuba actual, tomando como fuente principal la filtración de documentos oficiales, algo inédito hasta la fecha, según anunciaron en su nota de prensa.
Fundada en 2018 y con sede en la capital española, Prisioners Defenders tiene varias líneas de trabajo. Compila listados de presos políticos y de conciencia, ofrece información sobre los casos de los presos para instancias internacionales vinculadas con la lucha por los Derechos Humanos, y realiza defensas jurídicas, entre otras actividades. Su presidente, Javier Larrondo, expuso en la Casa Árabe de Madrid las cifras relacionadas con el sistema penal a las que han tenido acceso.
Quizás el dato más significativo es el que sitúa en 90.000 el número de personas atendidas por la Dirección General de Prisiones de Cuba. Tal cifra, unida a las 37.458 personas que sufren otro tipo de situaciones judiciales, colocaría al país en el número uno a nivel mundial, en el ranking de población reclusa. A pesar de esto, es llamativo que el Institute for Crime and Justice Policy Research, centro que lleva a cabo este estudio, haya desconocido dicho récord.
Entre los temas que despertaron el interés de la prensa internacional invitada al conversatorio, está el número de detenidos por conducta "predelictiva", condenados por un carácter supuestamente "antisocial" (como no pertenecer a las organizaciones de masas revolucionarias o no ser empleado estatal) en "contradicción con la moral socialista". Es lo que se conoce en Cuba como el "delito de peligrosidad": en la isla, son puestas tras las rejas unas 8.400 personas sin haber cometido delito alguno.
A propósito, abunda el informe compartido con la prensa:
"El total de presos por peligrosidad social predelictiva en el capítulo de antisociales es de 8.400 privados de libertad aproximadamente. Si tenemos en cuenta que a nivel nacional se tratan 3.833 casos de antisociales nuevos anuales, con un nivel de condenas superior al 99.5%, cada año hay 3.814 condenados. De éstos, son internados el 76,8% de los juzgados, es decir, 2.929 son condenados a privación de libertad anualmente y 885 sufren medidas de cumplimiento alternativo (trabajos comunitarios y vigilancia policial). Siguiendo este patrón de privación de libertad frente a otras condenas en este grupo de penados, podríamos deducir que aproximadamente 2.538 estarían igualmente condenados en medidas distintas a las de internamiento. Es decir, casi 11.000 personas sumarían las condenadas y las privadas de libertad por conducta antisocial, sin necesidad de haber cometido un delito".
En el momento tal vez más emotivo de la rueda de prensa, habló el Dr. Edel González Jiménez, hasta hace muy poco Presidente del Poder Judicial Provincial en la provincia Villa Clara, quien relató su experiencia al conocer desde adentro el sistema cubano y haber estado en contacto con sectores populares a lo largo del país. Comentó Edel que, incluso en las esferas del poder y las instituciones del gobierno, hay muchas personas que abogan por el cambio y desean una transición pacífica, donde se respeten los Derechos Humanos.
A Edel le cuesta hablar negativamente del sistema político al que ha pertenecido. Dice que habla en nombre del pueblo, un pueblo que —según él — ha apoyado siempre a la Revolución, y solo espera que, aunque sea "por misericordia", semejante lealtad sea correspondida con el otorgamiento de libertades y derechos fundamentales que eviten un desastre nacional. Afirma que es el miedo la mayor limitante al desarrollo y el debate social, un miedo que reconoce también entre los juristas. Se muestra muy alarmado por el futuro de Cuba a corto plazo, debido precisamente a que la gente "está perdiendo el miedo" a expresarse, a protestar. Y asegura: “restringidas o agotadas las esperanzas, cualquier motivo serviría de fuente para un estallido social, generándose conflictos de gobernabilidad. La paz y unidad nacional que quiso preservarse, entrarían a valorarse en un escenario riesgoso de descontrol, punto crítico que se tiene que evitar”.
Movido por su preocupación cívica, por la posibilidad de que ante el aumento del descontento la respuesta oficial sean más actos represivos a gran escala, semejantes a los observados en Venezuela, González Jiménez ha elaborado una propuesta de diálogo, y la compartió con los asistentes, asegurando que será entregada también a instancias oficiales cubanas. Dentro del diseño de un consenso nacional sobre la base de la no violencia, la no injerencia externa y la buena voluntad, invita para la reflexión a sus colegas que ejercen aún en la isla, pero además a todo el pueblo cubano, todas las partes, incluyendo la oposición y la emigración.
“Con independencia del no reconocimiento constitucional de formas diversas ideológicas de pensar dentro de la sociedad cubana actual, objetivamente crece en número y existe una oposición, siendo necesario crear puentes válidos y pacíficos de integración”, concluyó el jurista, quien planea regresar a Cuba y tiene fe en que su propuesta de diálogo será bien recibida.