Hace un año de aquel histórico 11 de julio en que miles de personas tomaron las calles de Cuba exigiendo “Libertad” en lo que fueron las manifestaciones contra el gobierno más grandes en la historia reciente de la isla. Luego de un corte de internet que se extendió por varios días, la dictadura reprimió brutalmente las protestas y, desde entonces, ha reforzado su maquinaria policial, y ha impuesto duras condenas a los participantes para evitar que vuelvan a ocurrir eventos de tal magnitud.
Más de 1400 personas han resultado detenidas desde que sucediera el estallido, según detallan las organizaciones no gubernamentales Cubalex, y Justicia 11J. De ellas, 725 continúan en prisión o han sido procesadas judicialmente, entre las que se encuentran 5 menores de edad. Las sanciones más altas alcanzan incluso los 30 años de privación de libertad, por “sedición”, delito de un marcado carácter político, utilizado de forma frecuente para castigar a los manifestantes.
Entre los sectores más perseguidos por la Seguridad del Estado se encuentra el de los artistas e intelectuales disidentes, siendo sometidos a campañas de descrédito; expulsión de centros de estudios y trabajo; actos de repudio institucionales; y largas penas de cárcel, por haber salido a manifestarse.
Al parecer, supone una especie de ensañamiento por estar en este la mecha que se prendió luego de la huelga del Movimiento San Isidro (MSI), y con la posterior protesta frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, resultando en una serie de pequeños alzamientos populares que desembocaran en los acontecimientos del 11 de julio de 2021 en Cuba.
De las personas que permanecen detenidas ha podido verificarse la ocupación laboral de 330: al menos 42 de ellas pertenecen al mundo de las artes, y 50 son estudiantes. Además, 5 pertenecen al Movimiento 27N; y continúa en prisión el artista conceptual y líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, interceptado antes de que pudiera unirse a una protesta pacífica en el Malecón habanero.
Al menos 4 de los artistas detenidos inicialmente por manifestarse (el fotógrafo Anyelo Troya, el músico Ángel Carranza Casco, el artista visual Carlos González Acosta, y el poeta Alexander Diego Gil Valle) fueron sometidos a juicio sumario.
Acción y represión
Algunos de los artistas que participaron en las protestas dirigieron acciones simbólicas que, de un modo un otro, formaron parte de la expresión de descontento.
Tal es el caso del estudiante de música del Instituto Superior de Arte (ISA), Abel Lescay, sin antecedentes penales, quien improvisó un rap en la vía pública dirigido a un agente de la policía, mientras transcurrían las manifestaciones en Bejucal.
Su condena inicial fueron 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de “desacato agravado de carácter continuado, desórdenes públicos y desacato de figura simple de carácter continuado”.
Cabe destacar que su causa inspiró a la creación del movimiento para la reducción de su sentencia #FreeAbelLescay, con centenares de personas, muchas implicadas con la cultura, a nombre del cual se dirigieron cartas a las principales autoridades e instituciones del país exigiendo una revisión exhaustiva del caso.
“Tal hecho, en el marco de las manifestaciones, no representó un desencadenante para el desorden público”, consideraron los miembros del grupo. “Al amparo de la actual legislación penal, la conducta de Lescay no resulta típica, es decir: no hubo en ningún momento gritos de alarma, no se profirieron amenazas sobre un peligro común, ni se ha demostrado que se haya tenido el propósito de provocar pánico o tumulto” refirieron.
Luego del juicio de apelación, que ocurrió en el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque, la condena le fue conmutada por 5 años de “limitación de libertad”.
Sin embargo, no todo acabó ahí. Como represalia, el joven artista también fue expulsado de su centro de estudios: luego de suspender dos asignaturas, le negaron la posibilidad de repetir el año académico. Al respecto, escribió en su perfil de Facebook:
“Me dieron la baja en el ISA. Ponché algunas asignaturas, no pudieron darme la repitencia. No pierdo mucho más que un albergue. Sigo mi preparación como compositor con mi amado maestro Juan Piñera (…)”.
Sin embargo, el caso de Lescay fue uno de los más mediáticos, llegando a contar incluso con el “apoyo” de defensores del régimen como el trovador Silvio Rodríguez.
Randy Arteaga Rivera es un rapero y activista contra el racismo, sin antecedentes penales. Es padre de una niña de seis años, y único sustento de su familia. El 11 de julio de 2021, se sumó a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Santa Clara. Tras ser detenido, y asegurado con la medida cautelar de prisión provisional, tuvo que enfrentar una petición fiscal de 7 años de cárcel por los supuestos delitos: “desorden público y resistencia”.
Según el órgano acusador, junto con el resto de manifestantes implicados en el Expediente en Fase Preparatoria 689 de 2021, el rapero de 32 años “se aprovechó de la situación del país, causada por el recrudecimiento del bloqueo, para convocar a disturbios y gritar insultos contra el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez”.
Su sentencia fueron 5 años de prisión. La única prueba en su contra fue un video en el que gritaba “Díaz-Canel, asesino”, luego de que el presidente cubano diera la “orden de combate” a los “revolucionarios” y comunistas para enfrentar a las manifestaciones. Luego del arresto fue despedido de su centro de trabajo como guardia de seguridad en el centro cultural Cubo de Luz.
Desde que entrara a prisión, ha sido objeto de torturas psicológicas y tratos degradantes. En varias ocasiones ha sido aislado en “celdas de castigo”, y trasladado entre diferentes centros penitenciarios sin el conocimiento de su familia. Además, en agosto de 2021 le negaron la posibilidad de asistir al funeral de su abuela, fallecida producto al Covid-19.
El músico también contrajo la enfermedad mientras se encontraba encarcelado.
Los casos de Lescay y Arteaga representan solo una idea panorámica de la feroz represión desatada contra artistas cubanos.
Otro ejemplo de los efectos de la “orden de combate”, y de la brutalidad policial, contra artistas e intelectuales, fueron los hechos frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), en el Vedado, La Habana; donde el 11 de julio se congregaron casi 50 activistas a reclamar pacíficamente “15 minutos ante las cámaras de la televisión cubana para ejercer el derecho a réplica, hacer un llamado a resolver nuestros conflictos por vías democráticas, condenar la represión y encontrar una solución sin sangre a la crisis total que vivimos los cubanos”.
Entre los manifestantes se encontraban el actor Daniel Triana, la curadora de arte Solveig Font, el historiador Leonardo Fernández Otaño, el cineasta Juan Carlos Sáenz de Calahorra, el dramaturgo Yunior García Aguilera y otras figuras de la cultura en Cuba.
Según relató García Aguilera al medio independiente 14yMedio, sufrieron un acto de repudio, fueron golpeados y lanzados “sobre un camión de carga, como saco de escombro (…) una horda de conservadores radicales y varios grupos de Respuesta Rápida nos negaron el mínimo espacio de 15 minutos”.
Fueron trasladados al centro de detención Vivac, donde permanecieron más de 24 horas.
El grupo de artistas fue liberado con una medida cautelar, y les fue abierto un proceso penal por “desorden público”. Sin embargo, en el mes de diciembre de 2021, les notificaron el sobreseimiento de la causa abierta en su contra, lo que equivale a la cancelación de los cargos por los que los pretendían acusar.
Manifestaciones artísticas
Durante los días cercanos a las protestas, y desde entonces, importantes artistas, nacionales y extranjeros, se pronunciaron sobre la represión del gobierno cubano, y extendieron su apoyo a los manifestantes.
El guitarrista y director de orquesta cubano Leo Brouwer, hasta entonces defensor del régimen, se desmarcó del oficialismo y escribió en su cuenta de Facebook:
“Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba fuesen a agredir a gente común y pacífica como somos los cubanos. Cuando el pueblo cubano protesta, no cabe duda de que la política o, mejor dicho, el poder político y militar se ha extralimitado (…) ¿Cómo pueden vivir tranquilamente?”.
El también compositor y arreglista Adalberto Álvarez, antes de fallecer en septiembre de 2021, hizo público su descontento en redes sociales:
“Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente (…) Las calles de Cuba son de los cubanos (…) A ese pueblo le debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos”.
El bailarín y coreógrafo Carlos Acosta también se pronunció en apoyo a los manifestantes: “No es un delito querer ser escuchado, no es delito aspirar y querer un país mejor. Cuba merece alcanzar su capacidad máxima en su desarrollo. El pueblo necesita ser escuchado. Un futuro mejor es posible para todos pero para lograrlo hay que saber escuchar y convivir con nuestras diferencias. En eso creo y en eso confío".
Otros artistas que condenaron públicamente la represión y la mala gestión del gobierno cubano fueron Alejandro Sanz, Camila Cabello, Chucho Valdés, El Chacal, El Micha, Elito Revé, El Taiger, Gente de Zona, Haydée Milanés, Jacob Forever, Julieta Venegas, Leoni Torres, Los Van Van, Marc Anthony, Ozuna, Pablo Milanés, Pupi Pedroso, Ulises Toirac, X Alfonso, Yomil y Yuliet Cruz.
Múltiples organizaciones independientes e internacionales, se han sumado a condenar la represión y las altas condenas a los manifestantes. Entre ellas, destaca el Informe por la Situación de los Artistas en Cuba, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en conjunto con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y Freemuse, donde se refiere que:
“Algunas de las tendencias utilizadas para restringir la libertad de expresión artística son: el uso de las prisión domiciliaria contra artistas considerados disidentes, el maltrato y la falta de garantías de los artistas detenidos, especialmente de quienes necesitan asistencia médica, una mayor represión en las provincias y el ensañamiento contra (...) músicos raperos y afrodescendientes”.
Además, trascendió la declaración de 54 organizaciones artísticas y de derechos humanos (publicada en septiembre de 2021 por la organización internacional “Artist at Risk Connection”), en contra de las detenciones y la represión gubernamental:
"Las autoridades cubanas han respondido con una represión generalizada de las protestas, incluida la violencia policial, la censura digital y la aprobación del Decreto Ley 35, que penaliza la publicación de información crítica al Gobierno. Se han registrado al menos 1.000 detenciones e innumerables personas desaparecieron temporalmente o se vieron obligadas a esconderse".
Estallido de renuncias
Como parte de la efervescencia, en los días posteriores al 11 de julio de 2021, algunas de las instituciones de cultura oficiales de Cuba sufrieron las renuncias de muchos de sus miembros, los que le recriminaron el silencio y la complicidad con que aceptaron los abusos cometidos por las fuerzas del orden, indistintamente.
Al menos una docena de afiliados abandonaron públicamente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Uno de ellos fue el joven poeta holguinero Javier L. Mora, quien escribió en redes sociales: “Este es (era) mi carné de miembro. La hierba crece donde mismo crecen las flores. Yo seguiré apartándome de la maleza, aunque no pueda ver la luz”.
Por su parte, el director de cine Carlos Lechuga, también oficializó, en julio pasado, su renuncia a las instituciones culturales cubanas:
“No puedo ser parte de una vida social donde un ministro de Cultura es un golpeador, el presidente del país es un asesino y las instituciones apoyan esto. Renuncio a la UNEAC, no sé si soy de la AHS pero renuncio igual, así como al REGISTRO DEL CREADOR y todo lo que apoye que a un padre cubano entren a balearlo en su hogar delante de sus hijas”.
Los cineastas y documentalistas Alejandro Alonso y José Luis Aparicio se incluyen en la lista de quienes cortaron relaciones con el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC). Este último aseguró que no inscribiría sus obras para participar en ningún festival ni evento de cine que fuera organizado por el gobierno cubano o sus instituciones.
“Considerando todo lo que está pasando, es poquita cosa, pero no quiero seguir siendo cómplice ni por equivocación. Hace rato no voy a nada, pero ahora ni me cuenten para sus declaraciones vergonzosas”, aseguró.
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Mientras tanto, los problemas que llevaron a los cubanos a protestar en 2021 no solo persisten, sino que se han agravado, cuando se cumple el primer aniversario del 11 de julio: apagones, inflación, crisis económica, escasez alimentaria y de medicinas, represión desmesurada a todo intento de ejercer la libertad de expresión... y del arte.
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